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El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, buscará el próximo 17 de enero liberar a los contadores públicos de responsabilidades por actos de los contribuyentes a los que realicen dictámenes fiscales.
Laynez se propuso declarar inconstitucional el artículo 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación (CFF), que actualmente impone a los contadores registrados el deber de informar al SAT sobre cualquier hecho o conducto por parte de los contribuyentes a quienes dictaminan que pueda constituir un delito fiscal o aduanero.
El Ministro Javier Laynez Potisek ha sido protagonista de varios reveses a la Administración de López Obrador. Anotó dos derrotas al Presidente al conceder una suspensión para la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial en octubre, destinados originalmente a los damnificados por el huracán Otis, y en noviembre presentó un proyecto para declarar inconstitucional la prohibición de la venta de vapeadores, desafiando decretos presidenciales.
Además, Laynez Potisek ha demostrado su independencia al no solo admitir la suspensión para la extinción de fideicomisos y declarar inconstitucional la prohibición de la venta de vapeadores, sino también al frenar reformas como el llamado Plan B, que pretendía obligar al Instituto Nacional Electoral (INE) a eliminar alrededor de 300 juntas distritales. Asimismo, declaró inconstitucional la reforma eléctrica, generando la molestia del presidente López Obrador.
La propuesta del Ministro Laynez será sometida a votación por la Corte el 17 de enero. En caso de prosperar, revertiría la reforma fiscal del CFF, que desde el 1 de enero de 2022 penaliza a los contadores públicos cuando, después de realizar un dictamen fiscal, descubren algún acto ilícito por parte del contribuyente, en muchos casos desconocido por el contador.
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