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Los gobiernos estatales del Estado de México y de San Luis Potosí recientemente enviaron propuestas de decretos a sus respectivos congresos para aumentar los impuestos en materia ambiental.
A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) explicó que los aumentos serían los siguientes:
- En el caso del Estado de México, se observa un aumento desproporcionado, elevando el impuesto actual a las emisiones a la atmósfera de 43 a 100 pesos por tonelada de dióxido de carbono, representando un incremento del 132%.
- En cuanto a San Luis Potosí, la propuesta consiste en gravar el 100% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por eso, Coparmex considera que contradice las políticas nacionales e internacionales, y va en contra de la estrategia de reducción de emisiones presentada por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto convertiría al estado en la segunda entidad del país con el gravamen más alto de un solo golpe.
En este contexto, la Coparmex aseguró que los ingresos generados por estos gravámenes no están adecuadamente asignados a acciones de mitigación, y no se garantiza que su uso cumpla con criterios de transparencia y rendición de cuentas.
Impuestos ambientales sólo con fines recaudatorios
Por eso, indicó que así como están planteados no es posible identificar un beneficio ambiental o social, lo que sugiere que su propósito puede ser exclusivamente recaudatorio. Esto se debe a que no se han demostrado los supuestos beneficios de la aplicación de estos impuestos en ambas entidades.
La Coparmex señaló que aunque las iniciativas mencionan supuestas ventajas y su impacto en la población más desprotegida, los impuestos propuestos no están específicamente asignados en las Leyes de Ingresos o Hacienda. Como resultado, no se puede asegurar que hayan sido o serán destinados para promover un medio ambiente saludable o el bienestar público, lo que desvirtúa su supuesto propósito original.
Además, indicó que es un hecho que estos impuestos contradicen la legislación federal, específicamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta ley establece que los instrumentos económicos de carácter fiscal deben incentivar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y no deben establecerse con fines exclusivamente recaudatorios, según su artículo 22, segundo párrafo.
La Coparmex aseguró que sus empresas socias ya implementan acciones a favor de la economía circular y la reducción de emisiones, y advirtió que estos nuevos impuestos desincentivan la inversión nacional y extranjera, afectando la atracción del país y desaprovechando las oportunidades del fenómeno de relocalización de empresas, conocido como Nearshoring.
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