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Los impuestos al carbono son un tipo de instrumento económico diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono (CO2), que contribuye al cambio climático.
Este tipo de impuesto busca establecer costos ambientales, para que las empresas y los individuos tengan un incentivo económico para reducir sus emisiones.
Impuestos al carbono estatales
De acuerdo con Reforma, México es el único país en América Latina que aplica impuestos subnacionales al carbono.
Gracias a estos impuestos estatales, se recaudaron 886 millones de pesos hasta ahora, según el más reciente informe de MéxicoCO2.
Los recursos obtenidos se deben destinar a acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.
La nota indica que actualmente, seis entidades tienen impuestos al carbono: Durango, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. Mientras que Tamaulipas y Colima están discutiendo si los implementan.
El director de MéxicoCO2, Eduardo Piqueiro, señaló que desde la adopción del primer impuesto local al carbono por parte de Zacatecas en 2017, la tendencia experimentó un crecimiento significativo
Reducciones certificadas de emisiones para compensar el impuesto
Marco Antonio Del Prete, Secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, recordó que en dicha entidad el impuesto local al carbono se aprobó en 2022, pero fue hasta este año que comenzó a operar y a ser cobrado.
En 2023, Querétaro utilizó reducciones certificadas de emisiones para compensar el impuesto, lo que puso al estado a la vanguardia en política climática a nivel nacional.
Esta compensación es el único aporte verificado de reducciones de emisiones hacia los objetivos climáticos de México.
Amparos contra el impuesto local al carbono
Del Prete detalló que en el caso de Querétaro, 10 empresas se ampararon ante el cobro del impuesto local.
Pero considera que no van a prosperar los amparos, porque es un impuesto que está sustentado.
“Estamos apegados a un mecanismo de compensación e incluso se puede aprovechar como beneficio fiscal para el ISR”, dijo.
Por su parte, Sergio Daniel Espinosa, subdirector general en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Estado de Guanajuato, insistió en que los amparos interpuestos por empresas para evitar por ahora el pago de impuestos al carbono son inevitables.
Pero mientras las leyes locales respecto a este gravamen estén bien fundamentadas será cuestión de tiempo para que las empresas terminen por hacerlos parte de su operación.
“Por eso la trazabilidad (de los recursos) es necesaria para que haya confianza y estructura y tengamos a todos los actores convencidos”, aseveró.
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