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La cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, se produce en un contexto de creciente presión binacional contra el tráfico ilícito de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”.
Este movimiento diplomático coincide con recientes operativos encabezados por autoridades de México y Estados Unidos en aduanas de Baja California y Sonora, donde se ha detectado un esquema de contrabando que involucra a funcionarios del SAT, agentes aduanales y presuntamente a Luis Torres, cuñado de la mandataria estatal.
Red aduanal bajo sospecha
Uno de los personajes centrales en esta trama es Roberto Ruiz Armas, un agente aduanal señalado durante años por facilitar la entrada ilegal de vehículos usados —los llamados autos chocolate— y ahora vinculado a la red de huachicol fiscal. Junto a él también han sido implicados:
- Baltazar Terrazas Ciapara, agente aduanal.
- Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, Coordinador de Aduanas Fronterizas.
Estas acusaciones forman parte de denuncias presentadas ante el Gobierno federal, que actualmente está revisando la operación de agencias aduanales en puntos clave de la frontera norte.
Acciones del SAT contra irregularidades
Ante este escenario, el SAT ha comenzado a suspender patentes de agentes aduanales involucrados en la importación irregular de mercancías y combustibles. La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en abril que la política será estricta frente a actos de corrupción:
“Hoy los agentes aduanales ya tienen responsabilidad. Se han retirado patentes y se van a seguir retirando cuando se encuentren responsabilidades”, declaró la mandataria federal.
Un entorno de creciente tensión
Este contexto incrementa la tensión política y judicial en la región fronteriza, especialmente en un año clave para la administración de Marina del Pilar. Aunque hasta ahora no se ha confirmado una investigación penal formal contra la gobernadora o su círculo cercano, el retiro de visas por parte del Gobierno de EE. UU. puede interpretarse como una señal diplomática seria ante posibles vínculos con actividades ilícitas.
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