El reto fiscal del próximo Gobierno: Un ajuste presupuestario significativo

El próximo Gobierno de México enfrentará un desafío económico considerable al inicio de su mandato, con la necesidad de implementar un ajuste presupuestario significativo.

Según los Precriterios Generales de Política Económica 2025 publicados por la Secretaría de Hacienda, se anticipa que el gasto para el año 2025 será 8.8% menor en comparación con el presupuesto de 2024. Esta reducción representa una disminución en el gasto total, pasando de 9 billones 500 mil millones de pesos en 2024 a 8 billones 663 mil millones de pesos en 2025.

Desafíos para la nueva Administración

La Administración entrante deberá navegar por un escenario económico restringido, lo que limitará su capacidad para desarrollar y ejecutar políticas públicas. Este contexto presupuestario ajustado surge en un momento en que la Secretaría de Hacienda proyecta un aumento en el déficit público para 2024, elevando su previsión de 5.4% a 5.9% del PIB, el mayor déficit registrado en los últimos 25 años.

Estrategias para la reducción del déficit

La estrategia para enfrentar este desafío fiscal se centra en la reducción del déficit público a 3.0% del PIB, una meta que la próxima Administración heredará del Gobierno actual. Sin embargo, con los ingresos proyectados para permanecer relativamente constantes en 2025, la disminución del déficit requerirá una reducción significativa en el gasto. Esta medida, aunque necesaria desde una perspectiva fiscal, plantea preocupaciones sobre su impacto en áreas críticas como educación, salud, seguridad e inversión.

Implicaciones para el bienestar y la competitividad

Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que, aunque la intención de reducir el déficit es positiva, el ajuste en el gasto podría tener consecuencias graves para el bienestar de la ciudadanía y la competitividad del país. La necesidad de mantener los servicios esenciales mientras se ajusta el presupuesto presenta un dilema para el próximo Gobierno, que deberá equilibrar la responsabilidad fiscal con las demandas sociales y económicas de la nación.

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