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El pleno del Senado de la República, por unanimidad, aprobó una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, con el objetivo de abordar la cuestión de los antecedentes penales en el ámbito laboral.
En una votación que contó con 69 votos a favor, los legisladores respaldaron el proyecto que prohíbe a los empleadores solicitar o exigir cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Esta medida busca garantizar que los trabajadores no sean discriminados por sus antecedentes penales.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, explicó que esta reforma busca brindar oportunidades de reinserción social a personas que hayan cometido delitos. La discriminación laboral basada en antecedentes penales a menudo limita las opciones de empleo de quienes han cumplido sus condenas, lo que a su vez puede llevarlos a empleos precarizados o incluso a la reincidencia delictiva.
El proyecto de reforma se remitirá ahora a la Cámara de Diputados para su revisión y trámite correspondiente. Por lo que la eliminación de este documento será oficial hasta que los diputados lo aprueben y se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Además de esta reforma, los senadores también aprobaron medidas adicionales. Una de ellas se enfoca en garantizar que los campesinos tengan acceso al seguro social, lo que es un paso importante para mejorar las condiciones laborales en este sector.
Otra reforma se centra en modificar diversas leyes con el propósito de incorporar un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos. Esto se hace con el objetivo de promover la igualdad de género y dar continuidad a la política legislativa relacionada con el lenguaje de género.
Sin embargo, hubo voces disidentes, como la de la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, quien expresó su preocupación acerca de la eliminación de la solicitud de la carta de antecedentes penales, particularmente en el caso de la Administración Pública. Argumentó que en su estado, Aguascalientes, existen funcionarios corruptos, lo que la llevó a considerar esta reforma como un error en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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